Balacera en la UABJO: el eterno retorno de la violencia universitaria en Oaxaca

Balacera en la UABJO este jueves 18 de septiembre de 2025 la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca volvió a ser escenario de lo que parece un eterno retorno de la barbarie: una balacera dentro de la Facultad de Derecho, con estudiantes heridos y con la sombra alargada de funcionarios estatales detrás de los disparos. Y digo “eterna” porque, quienes llevamos años observando los vaivenes de la política oaxaqueña, sabemos que esto no es un accidente aislado, sino la reedición de un libreto escrito hace décadas, en los años del priismo más rancio y violento.

Según denunciaron los propios estudiantes, la orden de irrumpir en la facultad y atacar a balazos vino desde la Dirección, con el respaldo de personajes del Gobierno del Estado. Los nombres no son nuevos: el subsecretario de Gobierno, Carlos Perezcampos Mayoral; el director de Asuntos Religiosos, Edwin Martínez Espíndola —alias “El Chehui”—, y Adrián de Jesús, “El Tomatero”. Viejos conocidos en las crónicas de la violencia política. Y aquí es donde la memoria nos exige hablar: Martínez Espíndola participó en las tristemente célebres “Caravanas de la Muerte” de 2006, cuando Ulises Ruiz Ortiz convirtió a Oaxaca en un laboratorio de represión. Por su parte, “El Tomatero” arrastra acusaciones de vínculos con ejecuciones extrajudiciales de magistrados, incluso señalados por el diario La Jornada antes de ser asesinados.

El modus operandi es el mismo: funcionarios que deberían garantizar la paz, convertidos en jefes de porros armados. Y como en los años del PRI, la autonomía universitaria —ese principio sagrado que consagra el artículo 3º constitucional y la Ley Orgánica de la UABJO— vuelve a ser pisoteada como si se tratara de un simple trámite burocrático.

Un estudiante resultó herido de arma blanca en la pierna, perseguido y dejado inconsciente antes de ser auxiliado por la Cruz Roja. No es la primera vez que la violencia toca a la UABJO. Basta recordar cómo en los noventa las disputas por el control de la universidad ya eran un semillero de cacicazgos, o cómo en 2006 los enfrentamientos universitarios se mezclaban con la represión estatal que dejó muertos, desaparecidos y un saldo de miedo colectivo.

Lo que indigna —y no sorprende— es ver cómo en 2025 se repite el guion. Estudiantes responsabilizan al titular de la SeGoOax, Jesús Romero López, alias “Charvelín”, de proteger a los agresores y actuar bajo la vieja escuela de su mentor político, Ulises Ruiz. Es decir: la política de la mano dura, de la represión disfrazada de “gobernabilidad”. ¿No era Morena la esperanza que prometía erradicar estas prácticas del pasado priista? Pues en Oaxaca parece que las malas mañas se reciclan con nuevos uniformes.

La complicidad no termina ahí. La directora de la Facultad de Derecho, Rocío Martínez Helmes, esposa de Perezcampos, aparece en la denuncia de los estudiantes como pieza clave en la omisión. En lugar de garantizar la seguridad, se convierte en un eslabón más de este engranaje perverso. Si a eso le sumamos que la familia Helmes lleva décadas enquistada en la UABJO, la cosa se parece más a un cacicazgo hereditario que a una dirección académica.

Académicos consultados lo recuerdan con claridad: la autonomía universitaria no es un adorno, es una garantía de que las universidades no estén sometidas a intereses externos, mucho menos a los de funcionarios con expedientes oscuros. Pero en Oaxaca esa autonomía se trata como moneda de cambio en la negociación política.

Yo mismo he visto cómo, sexenio tras sexenio, los gobiernos estatales usan a la UABJO como botín. Con el PRI fue la represión; con el PAN, la omisión y el abandono; y ahora con Morena, la tentación de repetir viejas recetas. Cambian los colores, pero no los métodos.

La comunidad universitaria exige investigaciones, sanciones y la destitución inmediata de los implicados. La pregunta es: ¿habrá voluntad política para hacerlo? La historia nos dice que no. Porque en Oaxaca la justicia llega tarde, mal y nunca. Porque la impunidad es la regla y la memoria colectiva está condenada a revivir cada cierto tiempo el mismo ciclo de violencia.

Hoy la Facultad de Derecho está cerrada y los estudiantes indignados. La herida no es sólo física: es un recordatorio de que, a casi 20 años de la represión del 2006, seguimos atrapados en el mismo bucle de autoritarismo. Y como periodista, como ciudadano y como alguien que ha visto repetirse estas escenas una y otra vez, no puedo dejar de preguntar: ¿hasta cuándo vamos a normalizar que la universidad, el espacio que debería ser cuna de pensamiento crítico, se convierta en campo de guerra de políticos mediocres?

La autonomía universitaria en Oaxaca no está amenazada: está secuestrada. Y lo peor es que los secuestradores siguen teniendo credenciales oficiales del propio gobierno.